- Cuartoscuro.com - El Frente por la Comunicación Democrática considera que los principios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fueron traicionados por la iniciativa de
En el conjunto de las reformas estructurales promovidas desde el Pacto por México la referente a la Reforma de las Telecomunicaciones es la que más expectativas despierta debido a que la sociedad en su mayoría, tiene la experiencia del contacto con los medios y sus contenidos, algunos criticados por su baja calidad.
El modelo de concesiones de medios, aún vigente, privilegió la concentración de canales en pocas manos en materia de Radio, Televisión y Telefonía creando con ello monopolios que inhibieron la modernización tecnológica y encarecieron el acceso a los contenidos variados y de calidad, en el caso de la televisión de paga.
Cuando se planteó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones su aprobación fue mayoritaria en todo el constituyente, es decir, los legisladores de la federación y del país se manifestaron por un cambio en el paradigma de las telecomunicaciones pues se reconoce que hoy configuran un importante instrumento para impulsar el desarrollo y la generación de empleo, como ha quedado demostrado en los países desarrollados que al tener un modelo de telecomunicaciones abierto y competitivo permite a su sociedad participar de la globalización lo que por necesidad repercute en el nivel local.
La reforma constitucional creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y le otorgó autonomía en su toma de decisiones, lo que dejo satisfechos a los grupos de presión que durante décadas impugnaron el control del gobierno en esta materia, pues interpretaron que era el inicio de un nuevo paradigma que permitiría la democratización de los medios de comunicación al abrir las oportunidades para la participación de nuevos jugadores en la competencia.
Como se sabe, la reforma constitucional es realizada en términos generales por lo que debe ser detallada y esto sucede con la legislación que reglamenta los conceptos expresados en la Constitución y el Ejecutivo hace la propuesta.
Cuando fue recibida la ley reglamentaria algunos legisladores y especialistas en el tema interpretaron que era un retroceso pues al IFETEL se le quitan atribuciones que pasan a la Secretaría de Gobernación (SG), la cual tendrá todos los poderes en materia de contenidos, la administración de tiempos del Estado e incluso sancionará su incumplimiento. Por lo que hace a las concesiones, se destaca que las otorgará el IFETEL, pero con opinión no vinculante de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y la Hacienda y Crédito Público. Desaparecen los tiempos fiscales y sólo dejan 30 minutos para tiempos del Estado en radio y televisión.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el senador del PAN Javier Corral y diversas personalidades del ambiente político, artístico, cultural y académico convocaron a integrar el Frente por la Comunicación Democrática, cuyos objetivos son: estimular el debate e informar a la sociedad mexicana sobre los aspectos más preocupantes de la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y oponerse a la aprobación de esa propuesta en los términos en que fue planteada y enviada al Senado por el Presidente.
El Frente por la Comunicación Democrática considera que los principios de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fueron traicionados por la iniciativa de Peña Nieto, que estaban dirigidos hacia un verdadero cambio en el paradigma de comunicación vigente y en la propuesta presidencial no se reflejan y la mayoría quedan reducidos o negados.
Señalan que en la ley reglamentaria propuesta se atenta contra los derechos a la libertades de expresión, información y comunicación, así como contra la privacidad de las comunicaciones y la garantía de asociación. No promueve una competencia efectiva en los servicios de radiodifusión, ni toca al duopolio de la televisión abierta y permite a Televisa concentrar en la televisión de paga.
En la propuesta presidencial se invaden facultades del IFETEL otorgadas por la Constitución de manera exclusiva como órgano autónomo encargado de otorgar las concesiones y responsable de la vigilancia de la transmisión de contenidos. Toda la propuesta, indican, tiene el propósito de control gubernamental en el manejo de la información de los medios electrónicos.
Por décadas la sociedad ha demandado reformas en materia de telecomunicaciones que permitan mayor equidad en la transmisión y producción de contenidos, así como acceso a mayores prerrogativas para el sistema de radiodifusión comunitaria y cultural para que puedan tener ingresos financieros que apoyen su desarrollo.
La democratización de la comunicación es percibida por la sociedad como poner límites a los monopolios y esa determinación parece ausente en la ley reglamentaria presidencial. Si no se rectifica, la reforma constitucional habrá sido inútil y el Pacto por México pasará a la historia como una derrota para la sociedad y un triunfo para la concentración de recursos para la empresa.
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